Con las polémicas surgidas en las Olimpiadas de París 2024, es momento de hacer balance de la Ley 4/2024 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida socialmente como Ley trans.
En 2023, con la aprobación de dicha ley, España dio un importante paso a favor de la igualdad de su ciudadanía. Sin embargo, ese avance social y de derechos humanos, que tiene el respaldo de la Comisión Europea y el Consejo de Europa, ha quedado empañado por los dilemas y dudas sobre su aplicación efectiva, y, sobre todo, por la falta de contundencia en el contenido y el objetivo real del documento.
Uno de los primeros conflictos con los que ha topado esta ley es su encaje en el ámbito internacional. No podemos olvidar que la globalización también ha llegado al mundo del deporte y, como mencionábamos del artículo, estamos en año olímpico, lo que supone que los deportistas de todo el mundo, incluidos los españoles, compiten bajo unas mismas normas.
En eventos como las Olimpiadas, vemos cómo nuestra Ley Trans, basada en la autodeterminación de género, choca con las regulaciones del COI. A pesar de las moderaciones en la normativa de esta institución internacional a lo largo de los años, aún son menos progresistas en cuanto a la cuestión de identidad de género de los deportistas, ya que mantienen mediciones biométricas, como el porcentaje de testosterona, como parámetro para determinar el género del deportista.
Desafíos legales
Esta situación plantea un desafío legal, ya que crea un marco regulatorio contradictorio que afecta a los deportistas de nuestro país, pues puede llegar el día en que una campeona de España no pueda acudir a un evento internacional.
Fuera del ámbito internacional, la ley trans busca que dentro de nuestras fronteras se promueva la práctica deportiva en condiciones de igualdad y no discriminación, y que las instalaciones que albergan eventos no generen discriminación hacia las personas trans, otorgando el derecho a la igualdad a todos los ciudadanos y deportistas de nuestro país. Sin duda, un objetivo loable del que debemos estar orgullosos.
La autodeterminación de género en la que se basa la Ley trans española debe encontrar el equilibrio con la igualdad de condiciones en las competiciones, así que dicha normativa tiene en sus manos una responsabilidad para con todas las partes. Sin embargo, la ley ha quedado coja en algunos aspectos, ya que no especifica directrices concretas, sino que declina dicha responsabilidad a las federaciones deportivas, tal como podemos ver en el Art. 26 de la Ley Trans.
Esta ley, como sucede en otras ocasiones, ha dejado algunos huecos que perjudican al propio colectivo al que pretende proteger. Por ejemplo, ha olvidado castigar el abuso de alguien que pretenda aprovechar el derecho de las personas trans a competir según el género sentido para sacar provecho.
Por tanto, habrá que seguir luchando para matizar los vacíos legales, y para que la igualdad y los derechos de las personas trans se apliquen correctamente, haciendo posible que la práctica deportiva sea un espacio seguro para todos los colectivos.
Por Isabel Pérez Espinosa, abogada y secretaria general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).