El pronóstico pesimista de que el sistema de limitación de precios del alquiler de vivienda establecido por el Gobierno e implantado solo en Catalunya –hasta el momento—reduciría la oferta ya es un hecho, pero también ha bastado un mes para evidenciar sus deficiencias. El macro escaparate que dibujan los portales inmobiliarios exhibe cómo los precios siguen al alza, mientras aflora la picaresca para sortear la normativa con minipisos exentos de regulación, con los que no tienen cédula de habitabilidad y con el aluvión de contratos temporales. Pero también hay cientos de casos que simplemente no lo aplican a sabiendas de que la Generalitat en estos momentos no cuenta con un régimen de inspección y sancionador de oficio.
El aspirante a inquilino que busque en el mercado libre encontrará solo un 7% de pisos por debajo de 1.200 euros, y un 19% a menos de 1.500. Es decir, una situación peor que a principios de año. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona subraya que durante el pasado trimestre ha registrado menos fianzas que en ningún otro de su historia. Esta semana el principal portal del sector, Idealista, daba a conocer que tras la implantación del tope a los alquileres habían constatado una reducción del 14% del parque de alquiler y un aumento del 4,6% en las rentas de larga duración. Establecen en un 30% la cuota de anuncios de alquiler de temporada (habitualmente de menos de 11 meses), mientras también se dispara la oferta de habitaciones. Según ha calculado este diario, este pasado viernes su portal contaba con 4.620 pisos ofertados, de los que apenas 3.200 serían de alquiler de larga duración.
Desajustes y decepción
La cifra está muy por debajo de la demanda que enciende el mercado, pero además descorazona muchas personas que buscan piso y no ven la esperada caída de los precios. Algunas inmobiliarias consultadas lo atribuyen al hecho de que los pisos adaptados al nuevo límite, por tanto a precios más asequibles, son absorbidos por las listas de espera que tienen muchos API, así como por el círculo de confianza de los propietarios. Pero además los pisos que ya estaban alquilados pueden mantener su renta en nuevos contratos el caso de pequeños tenedores, de modo que todo aquel que ya tuviese una vivienda a precio de mercado no lo rebajará. En cambio, sí podrá actualizarlo si durante el contrato previo no lo había hecho cada año.
El segundo caso que se ha convertido en un coladero legal es el de los minipisos o los superpisos. El índice no funciona (y por tanto no se aplica) con viviendas de menos de 30 metros cuadrados o de más de 150. De forma que estas siguen teniendo precio libre. En el primer caso es donde se producen auténticos excesos, ya que abunda la oferta a más de 1.000 euros de estudios y ‘lofts’, como ha comprobado este diario. Pero además, las opciones sin cédula de habitabilidad quedan fuera de la regulación al no ser consideradas viviendas (constan catastralmente como locales), de modo que no hay sistema de límites que aplicar. Por un mínimo de 800 euros se ofertan estudios de 20 o menos metros cuadrados sin incumplir la regulación de precios, en base a ese vacío.
La franja ‘económica’ se ha visto aún más acotada desde la regulación. Los buscadísimos pisos de menos de 1.000 euros son anecdóticos. En Idealista, 4.504 de los 4.620 de este viernes estaban por encima de ese importe. Y se trataba de microviviendas o en barrios muy periféricos. Hasta 1.200 había poco más de 300 opciones (el 7%), un porcentaje que se repite en los portales Habitaclia y Fotocasa. En ambos, el repertorio de viviendas por debajo de 1.500 euros también representa apenas una quinta parte. Y es menor que hace un mes y que hace medio año, cuando este diario hizo el mismo experimento.
En este escenario de oferta de alquiler asfixiada, los distritos que aglutinan más de la mitad de las viviendas disponibles son el Eixample (1.433 en Idealista) y Ciutat Vella (1.152), zonas que precisamente son el paraíso de la oferta de temporada, al resultar muy rentable para extranjeros que afincan por unos meses o estudiantes. El resto de distritos rondan los 300 pisos de alquiler disponibles, muy insuficientes para el movimiento interno de vecinos que necesitan cambiar de piso pero no se quieren mover de sus barrios.
Para el gerente de la Cambra de la Propietat, Óscar Gorgues, el nuevo sistema de control ha empeorado el problema de la vivienda. “Hemos tenido el trimestre con menos fianzas de la historia, y el peor mes de marzo (desde el índice), incluso comparado con 2020 y la pandemia”. No tienen ni bolsa de alquiler en este momento. “No llegamos ni anunciarlos cuando disponemos de uno, dada la lista de espera”, añade.
Sin rotación de pisos
La reducción también se atribuye a una menor rotación por un alud de prórrogas de contrato. Los propietarios prefieren mantener a los inquilinos porque si cambian no podrán subir el precio más allá de las actualizaciones y deberán pagar honorarios de agencia. “Creemos que se ha creado un mercado dual que protege al inquilino que ya tenía un contrato, pero que lo pone muy difícil para el que ha de alquilar”, dada la escasez y los requisitos. De modo que afecta sobre todo a los perfiles “más vulnerables”, añade.
El director del área jurídica y portavoz del colegio y asociación de API de Catalunya, Carles Sala, destaca que han enviado a todo el colectivo de agentes una guía donde se insiste en la transparencia e información a los consumidores en las zonas tensionadas. Les informan de que deben comunicar a los potenciales arrendatarios de la cuantía de los anteriores contratos y de la aplicación del índice si procede. De hecho, incluso aconsejan que mientras no haya coordinación entre Administraciones se informe también del índice catalán –que el Govern quiere fusionar con el estatal—para conocimiento de los afectados. Algo que muchos anuncios todavía omiten.